Importante Reporte de Human Rights Watch Muestra Como Guerra Contra Drogas Causa Deportación Masiva

Ayer, Human Rights Watch publicó el primer informe de su tipo evidenciando como decenas de miles de personas están siendo deportadas de Estados Unidos cada año por delitos menores de drogas. El reporte, A Price Too High: U.S. Families Torn Apart by Deportations for Drug Offenses [“Un precio demasiado elevado: familias estadounidenses deshechas debido a deportaciones por drogas”] documenta como las deportaciones de no-ciudadanos por delitos de posesión en particular han aumentado un 43% desde el 2007 al 2012. En total, alrededor de 266,000 personas han sido deportadas por ofensas de drogas desde el 2007, de las cuales las más comunes son por delitos menores de posesión.

Bajo leyes migratorias vigentes que se enfocan en “amenazas a la seguridad pública y nacional,” ofensas cometidas décadas atrás y/o ofensas de drogas que han sido perdonadas todavía podrían llevar a una detención forzosa y deportación. Sin embargo, Human Rights Watch encontró que la mayoría de los no-ciudadanos deportados por condenas criminales sólo habían cometido delitos menores y no violentos.

El nuevo reporte incriminatorio provee otro ejemplo de como la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra comunidades migrantes, dando lugar a racismo, violencia y la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. Aproximadamente 40,000 personas (o más) han sido deportadas cada año desde el 2008 por ofensas de drogas. Comunidades latinas en general han sido desproporcionadamente afectadas por la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Por ejemplo, mientras que los Latinos componen el 17 por ciento de la población en Estados Unidos, se encuentran involucrados en casi la mitad de todos los casos en cortes federales por ofensas de drogas.

En el 2013, aproximadamente 20,000 personas fueron deportadas por simple posesión de drogas o parafernalia de drogas – una simple posesión de marihuana fue la cuarta causa más común para deportaciones y la causa más común para deportaciones por crímenes de drogas. Por otro lado, muy pocos de los que fueron deportados eran traficantes de drogas. Mientras tanto, leyes vigentes están desgarrando a familias cada año al prohibirles la entrada a aquellos que fueron deportados y cortando lazos con sus comunidades.

“Dándole fin a la guerra contra las drogas es un asunto Latino,“ dijo Jerónimo Saldaña, Coordinador Legislativo y Organizador para la Drug Policy Alliance. “Ninguna familia debería de tener que sufrir la injusticia de ser separada. Nadie debería ser arrestado, encarcelado o deportado simplemente por el uso o posesión de drogas. Necesitamos seguir luchando para implementar reformas para que ninguna familia sea criminalizada y desgarrada de esta manera.”

El informe concluye con una serie de recomendaciones para el gobierno federal al igual que para ciudades y estados para eliminar deportaciones por delitos menores de drogas. Entre estas recomendaciones se incluye la descriminalización del uso y posesión de drogas y otras reformas vitales con respecto a condenas.

Legisladores y activistas en California han sido proactivos en tratar de disminuir el impacto de leyes de inmigración vigentes con dos proyectos de ley que están bajo consideración en la Legislatura Estatal de California. Las leyes de Asamblea 1351 y 1352 fueron elaboradas por Asembleísta Susan Eggman permitirían a residentes inmigrantes participar en programas de tratamiento de drogas como una manera de borrar sus antecedentes penales, y proveerían un desvío antes de la declaración de culpabilidad [“pre-plea diversión”] para delitos menores de drogas – ya que una declaración de culpabilidad es usualmente lo que lleva a consecuencias de inmigración a nivel federal como deportación.

“California está dando muestras de liderazgo al proponer reformas sensatas y humanas con respecto a políticas de drogas. Con estas dos reformas históricas se le daría oportunidad a personas con delitos menores de drogas de completar programas de tratamiento antes de declararse culpable y así evitar las sanciones federales desproporcionadas que pueden traducirse como deportaciones para migrantes,“ dijo Armando Gudiño, Director de Políticas en California para Drug Policy Alliance.