La regulación legal y un suministro más seguro pueden reducir los riesgos de sobredosis.
Regulación legal Significa permitir que los medicamentos se produzcan, graven impuestos, distribuyan y consuman legalmente, bajo estrictos estándares de calidad y con un etiquetado preciso, como cualquier otro bien de consumo. Debe estar en consonancia con los principios de salud pública y seguridad.
Suministro más seguro Proporciona a las personas (cuyo trastorno por consumo de sustancias está controlado) acceso a drogas reguladas de fuentes legales. Esto reduce el riesgo de contaminación con cosas como fentanilo. Esto normalmente se hace mediante prescripción médica.
En conjunto, estos enfoques garantizan que las personas tengan acceso a un suministro de medicamentos libre de contaminantes y de potencia conocida, lo que reduce el riesgo de sobredosis y mantiene a las personas con vida.
La criminalización ha creado un suministro de drogas riesgoso e impredecible.
Tras más de 50 años de guerra contra las drogas, las drogas son más baratas, más fuertes y más fáciles de conseguir que nunca. La crisis de sobredosis se debe a que nadie tiene control sobre el mercado de drogas callejero. Intentar detener los opioides recetados y la heroína condujo al fentanilo. Ahora, en cuanto a drogas como... xilazina Y están apareciendo nitazenos (un opioide sintético que puede ser 10 veces más fuerte que el fentanilo).
Existe un espectro de regulación legal y de suministro más seguro.
La transición a estos modelos requiere planificación y aprendizaje. Estudiando ejemplos exitosos como SuizaPodemos mejorar los modelos existentes para garantizar que las futuras políticas de drogas se centren en las mejores prácticas, la seguridad del consumidor y la salud pública.
La regulación debe reparar los daños causados por la guerra contra las drogas y aumentar el acceso a los apoyos.
La regulación legal no puede operar aisladamente. Las comunidades necesitan recursos y servicios no solo para sobrevivir, sino también para prosperar. La criminalización de las drogas tiene un alto costo: cuesta a los contribuyentes entre 1.440 millones de dólares al año. Este dinero, y el proveniente de la regulación legal —como los ingresos fiscales por la marihuana—, debe apoyar nuestra salud y bienestar colectivos. Esto incluye la financiación de servicios esenciales como el tratamiento de adicciones, la vivienda asequible, los programas de empleo, la reducción de daños y los programas de recuperación.
La Drug Policy Alliance está comprometida a reducir los daños del suministro impredecible de drogas promoviendo la regulación de las drogas basada en la evidencia, la salud, la equidad y los derechos humanos.