Un nuevo informe conjunto de Human Rights Watch y Drug Policy Alliance muestra que miles de personas están siendo deportadas cada año por delitos de drogas que en muchos casos ya no existen según las leyes estatales, lo que daña y separa a las familias inmigrantes.
Las punitivas leyes federales de inmigración separan familias, desestabilizan comunidades y aterrorizan a los no ciudadanos, todo mientras las muertes por sobredosis han aumentado y las drogas se han vuelto más potentes y disponibles.
El Congreso debería reformar la ley de inmigración para dar a los jueces de inmigración discreción para tomar decisiones individualizadas. Los estados deben garantizar que las reformas en materia de drogas se apliquen también a los no ciudadanos.
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