La Asamblea estatal supera el alarmismo de los republicanos y aprueba un proyecto de ley modesto sobre prisiones

SACRAMENTO — Después de dos semanas de demoras y negociaciones contenciosas, la Asamblea del Estado de California aprobó hoy por un estrecho margen un proyecto de ley para reducir los gastos de las prisiones estatales en $300 millones. Los defensores advirtieron que esto deja un déficit de al menos $900 millones en recortes penitenciarios no asignados que fueron aprobados por la Legislatura y firmados por el Gobernador en julio, y pidieron al Gobernador Schwarzenegger que use su autoridad para controlar el gasto descontrolado de las prisiones a fin de proteger otras partes ya devastadas del presupuesto estatal.

“La buena noticia es que los republicanos que fomentan el miedo no lograron detener una reforma penitenciaria inteligente hoy. La mala noticia es que el proyecto de ley de la Asamblea no va lo suficientemente lejos”, dijo Margaret Dooley-Sammuli, subdirectora estatal de Drug Policy Alliance en el sur de California. “No hay un momento, ni un centavo, que perder. El gobernador Schwarzenegger debe hacer inmediatamente lo que pueda para reducir los costos y proteger la seguridad pública, lo que incluye ampliar las sanciones alternativas para las infracciones técnicas de la libertad condicional”.

Los defensores de la reforma de la justicia penal también pidieron a la Legislatura que siga impulsando las reformas que la Asamblea eliminó del proyecto de ley de prisiones aprobado por el Senado: mantener a más delincuentes de bajo nivel en las cárceles del condado, otorgar a la agencia correccional la autoridad para poner a algunos reclusos en custodia alternativa y crear una comisión estatal de sentencias. Sin embargo, sus llamados se centraron en el gobernador, quien en julio prometió hacer sus propios recortes al gasto penitenciario pero aún no ha implementado esos recortes.

“El gobernador puede y debe usar su autoridad para recortar otros $900 millones de las cárceles. Puede comenzar por frenar la afluencia de personas en libertad condicional que regresan a prisión por nada más que faltar a una cita o una llamada telefónica. Esta es una reforma sensata, y no necesita una legislatura demasiado tímida para hacerla realidad”, dijo Dooley-Sammuli. “Los californianos no tolerarán que se eliminen más las escuelas, el tratamiento de salud mental y las drogas, y la atención médica para los niños”.