El sábado, los condados de California obtendrán autoridad para poner fin al encarcelamiento por posesión de drogas

SACRAMENTO – A partir del sábado, cuando entre en vigencia el Proyecto de Ley 109 de la Asamblea (llamado "Reajuste"), la mayoría de las personas condenadas por posesión de drogas en California ya no serán enviadas a la prisión estatal sino que permanecerán bajo supervisión en su condado de origen. AB 109 brinda a los condados una mayor flexibilidad para responder a delitos de bajo nivel como la posesión personal de drogas, incluidas alternativas innovadoras a la condena y el encarcelamiento. Los defensores piden a los condados que usen esta nueva autoridad para terminar con el encarcelamiento por posesión de drogas y recaídas, y que implementen políticas de drogas centradas en la salud.

"Es alentador que el estado se salga del negocio de encarcelar a personas por posesión personal de drogas. Pero sería devastador si los condados usaran su nuevo poder para simplemente repetir el fallido enfoque de encarcelamiento del estado. A partir del 1 de octubre, los condados tienen la autoridad para hacerlo mucho, mucho mejor", dijo Theshia Naidoo, abogada de la Drug Policy Alliance. "En lugar de encarcelar a las personas que usan drogas, los condados deberían mantenerlas en sus comunidades y emplear prácticas basadas en evidencia que aumentarían la seguridad pública en lugar de agotar aún más los ya escasos fondos locales".

"Pedimos que las autoridades locales creen políticas claras comprometidas con alternativas a la condena y el encarcelamiento para las personas arrestadas por posesión de drogas y para garantizar el acceso al tratamiento para quienes lo desean y lo necesitan", dijo Margaret Dooley-Sammuli, subdirectora estatal en el sur de California para Drug Policy Alliance. "Estas políticas deben ser honestas sobre el uso de drogas. Si no es problemático, entonces no desperdicie el dinero del tratamiento con esta persona. Encuentre otra solución, como el servicio comunitario".

Los defensores enfatizan que los condados no solo deben considerar alternativas al encarcelamiento, sino también alternativas a la condena, para evitar las barreras de por vida asociadas con antecedentes penales.

"Las personas con una condena en su historial pueden enfrentar oportunidades de empleo significativamente reducidas e ingresos de por vida mucho más bajos. También se les puede prohibir el acceso a préstamos estudiantiles, cupones de alimentos y otra asistencia pública. Esto va en contra del bienestar individual, familiar y comunitario y la seguridad pública", agregó Dooley-Sammuli.