Cooperativas de ahorro y crédito de Nuevo México cerrarán cuentas bancarias de productores autorizados de marihuana medicinal

Santa Fe, NM – Ocho meses después de que el Departamento de Justicia Federal y el Departamento del Tesoro anunciaran nuevas pautas que permiten a los bancos trabajar con negocios de marihuana, algunas de las cooperativas de ahorro y crédito en Nuevo México enviaron cartas a casi la mitad de los productores de marihuana medicinal con licencia del estado diciendo que ya no aceptarían su negocio y procedieron a cerrar sus cuentas. Las cooperativas de ahorro y crédito afirman que no pueden cumplir con las pautas federales para el servicio de las cuentas. Este movimiento deja a los productores en la estacada, teniendo que operar solo en efectivo o luchando para encontrar otra institución financiera dispuesta a tomar su negocio. En febrero de 2014, la administración de Obama anunció nuevas pautas que permitirán a los bancos brindar legalmente servicios financieros a negocios de marihuana con licencia estatal. Veintitrés estados y Washington DC han legalizado la marihuana para uso médico; dos de esos estados (Colorado y Washington) recientemente legalizaron la marihuana como el alcohol.

“Es decepcionante ver que la industria bancaria en Nuevo México no está protegiendo a los pacientes médicos y a las pequeñas empresas a la luz de las garantías que ha brindado la administración federal y una industria sólida y próspera de marihuana medicinal en el estado”, dijo Emily Kaltenbach, directora estatal de Drug Policy Alliance. “Este movimiento abrupto nos tiene a todos preguntándonos por qué inesperadamente están dejando de hacer negocios con la industria de la marihuana en Nuevo México. Nos gustaría saber por qué no pueden cumplir con las pautas federales”.

Muchos bancos han tenido miedo de abrir cuentas corrientes o de ahorro para negocios de marihuana legalizados por temor a infringir la ley federal. Como resultado, estas empresas se ven obligadas a manejar grandes cantidades de efectivo, lo que puede crear un riesgo de seguridad pública para la industria.

“Aunque el gobierno federal está de acuerdo con que los bancos y las cooperativas de crédito acepten depósitos comerciales de cannabis, no lo están haciendo en Nuevo México”, afirmó Len Goodman, director ejecutivo de NewMexicann, quien recibió una carta de State Employees Credit Union (SECU) cancelando su cuenta. “No sabremos durante unos días o semanas si podemos encontrar una solución con otros tipos de instituciones financieras o no. Mientras tanto, a partir de este miércoles, todas las transacciones serán solo en efectivo”.

Los productores autorizados que han recibido cartas tienen problemas para encontrar otras instituciones financieras en el estado dispuestas a aceptar su negocio.

William Ford, director ejecutivo de R. Greenleaf Organics también recibió una carta de SECU indicando que su cuenta comercial sería cerrada. Ford expresó su preocupación de que, si bien Wells Fargo realiza operaciones bancarias para el Departamento de Salud de Nuevo México y el programa de cannabis medicinal del estado, e indudablemente obtiene ganancias de ese negocio, no está dispuesto a hacer negocios con los productores. “Se debe esperar que un banco que hace negocios con nuestro estado y se beneficia de ese negocio siga nuestras leyes estatales y brinde servicios a todas las entidades respetuosas de la ley en el estado. Si no están de acuerdo con las leyes de nuestro estado, entonces no deberían ser nuestro banco”, afirmó Ford.

En febrero pasado, en una declaración conjunta, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU., dijeron que las nuevas pautas brindan "mayor transparencia financiera" a una industria que sigue siendo ilegal en casi todos los estados. También deja en claro que los bancos ayudarían a las fuerzas del orden con "información que es particularmente valiosa" al presentar informes regulares que ofrecen información sobre cómo funcionan los negocios de marihuana.

La Drug Policy Alliance (DPA) es la principal organización nacional de personas que creen que la guerra contra las drogas está haciendo más daño que bien. DPA trabaja por políticas de drogas basadas en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos.