Juez de California protege la voluntad de los votantes al permitir el cultivo doméstico bajo la iniciativa de legalización de la marihuana

El 8 de noviembre de 2016, el pueblo de California votó a favor de la Prop. 64, que permite a los adultos mayores de 21 años poseer hasta una onza de marihuana y cultivar hasta seis plantas de marihuana en su residencia privada lejos de la vista del público. A pesar de estas protecciones, varias localidades han adoptado ordenanzas demasiado restrictivas destinadas a limitar severamente esta disposición de la Prop. 64.
 
El 2 de noviembre, el Tribunal Superior de San Bernardino anuló la mayor parte de la ordenanza de la Ciudad de Fontana en una demanda presentada por Drug Policy Alliance y la ACLU en nombre de Mike Harris, un paciente de marihuana medicinal que deseaba cultivar marihuana para su propio uso dentro su casa. La ordenanza de Fontana requería que los residentes se registraran en la Ciudad, se sometieran a una verificación de antecedentes penales, abrieran su hogar a los funcionarios de la ciudad para que los inspeccionaran y pagaran una tarifa alta antes de obtener un permiso. También excluyó a categorías enteras de personas, como aquellas con ciertas condenas previas, de obtener un permiso.
 
Declaración de Tamar Todd, director legal de la Drug Policy Alliance: “La ordenanza de Fontana fue diseñada para disuadir a sus residentes de participar en conductas legales bajo la ley estatal. Nos sentimos aliviados de que la orden de la Corte ahora permitirá que se realicen las protecciones de la Prop. 64 y la voluntad de los votantes de California”.
 
Declaración de William Freeman, Consejero Principal de la Fundación ACLU del Norte de California: “El cultivo de marihuana para uso personal no debe reservarse únicamente para los residentes adinerados de una ciudad. Nos complace que las duras restricciones de permisos de Fontana hayan sido eliminadas y esperamos que este fallo sirva como un recordatorio para otras ciudades que están tratando de imponer restricciones injustas a la ley estatal o criminalizar lo que legalizó la Prop. 64”.