Belice considerará despenalizar la posesión de marihuana

El 16 de julio, el gobierno de Belice publicó un Comunicado de prensa anunciando el nombramiento de un comité para evaluar una propuesta para despenalizar la posesión de marihuana. El comité, que estará encabezado por un ex ministro de policía, fue designado por el Ministro de Seguridad Nacional. La propuesta en cuestión busca eliminar las sanciones penales por posesión de hasta 10 gramos de marihuana y en su lugar imponer multas y educación obligatoria sobre drogas. Actualmente, la posesión de menos de 60 gramos de marihuana se castiga con una multa de hasta US$26,000 y/o hasta tres años de prisión.

Debido a su ubicación geográfica, Belice se ha convertido en una puerta principal de tráfico de drogas desde América del Sur hacia México y los Estados Unidos. El año pasado, la administración Obama agregó a Belice a una lista negra de países considerados importantes rutas de tránsito o producción de drogas. Como resultado del aumento del tráfico de drogas, Belice ha visto un aumento en los niveles de violencia y el número de pandillas callejeras.

El comunicado de prensa del gobierno afirma que la iniciativa “está impulsada por la creciente evidencia de que la legislación actual satura los tribunales y las prisiones principalmente con un segmento marginado de nuestra población. El impacto adicional de un historial criminal permanente perjudica aún más a este grupo ya marginado, ya que establece una barrera contra el empleo significativo (…) Esto se ve respaldado por las tendencias internacionales hacia la despenalización”.

Declaración de Ethan Nadelmann, Director Ejecutivo de Drug Policy Alliance:

“Es alentador ver al gobierno de Belice unirse al creciente número de países que piden alternativas a la criminalización de las personas que usan drogas. En los últimos meses, América Latina ha estado a la vanguardia de esta tendencia, más recientemente con la propuesta de legalización de la marihuana de Uruguay, y el movimiento de Belice hacia despenalización de la marihuana representa otro importante paso adelante en este debate.

Esta es una propuesta modesta, consistente con la legislación de despenalización en muchos estados de EE. UU., así como en países de América Latina y Europa. En un país asediado por delitos relacionados con las drogas, la despenalización de los consumidores de marihuana liberará recursos judiciales y policiales para hacer frente a la violencia de las pandillas en lugar de centrarse en encarcelar a los delincuentes de drogas de bajo nivel.

Esta propuesta también es notable porque los funcionarios y organismos encargados de hacer cumplir la ley de Belice son los que la impulsan. Es bueno ver que un gobierno reconoce los daños de la criminalización de la marihuana, que afecta de manera más negativa a las comunidades marginadas de la sociedad. Con suerte, esta iniciativa representará un primer paso para que el gobierno de Belice desempeñe un papel más activo en los debates regionales e internacionales sobre la reforma de las políticas de drogas.

La despenalización de la posesión de drogas parece tener poco impacto en los niveles de consumo de drogas ilícitas. Sus principales impactos son la reducción de las detenciones de consumidores de drogas, especialmente de jóvenes y/o miembros de grupos minoritarios; reducir las oportunidades de corrupción policial de bajo nivel; permitir que la policía se centre en delitos más graves; reducir los costos del sistema de justicia penal; y capacitar mejor a las personas, las familias, las comunidades y los gobiernos locales para que aborden la adicción como un problema de salud y no delictivo.

Estados Unidos claramente está muy por detrás de Europa y América Latina en terminar con la criminalización de la posesión de drogas. El impulso para la reforma está creciendo con respecto a la despenalización de la posesión de marihuana, con Massachusetts reduciendo las sanciones en 2008, California en 2010, Connecticut en 2011 y Rhode Island a principios de este año. Sin embargo, todos los estados tratan la posesión de otras drogas ilegales como un delito. Actualmente, trece estados, el Distrito de Columbia y el gobierno federal tratan la posesión de drogas para uso personal como un delito menor, con penas de hasta un año de cárcel. Los treinta y siete estados restantes tratan la posesión de cocaína, heroína y otras drogas como un delito grave, con penas que pueden incluir muchos años de prisión”.