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Washington, DC – En respuesta a la aprobación de la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd de 2021 por parte de la Cámara de Representantes de EE. UU. sin abordar preocupaciones de la comunidad defensora, maritza perez, Director de la Oficina de Asuntos Nacionales de la Drug Policy Alliance (DPA), emitió el siguiente comunicado:
“Aunque entendemos la urgencia de aprobar la reforma policial a nivel federal, no podemos hacerlo de una manera que simplemente brinde una apariencia de justicia mientras sacrificamos un cambio sistémico real en el momento más oportuno para lograrlo. Desafortunadamente, debido a que los líderes de la Cámara optaron por acelerar el proyecto de ley del año pasado, en lugar de abordar las preocupaciones de los defensores y miembros de la comunidad, ese es exactamente el compromiso que han hecho, y la votación de hoy solidificó esas fallas.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara no proporciona una reforma y rendición de cuentas reales y nos oponemos a este proyecto de ley en su forma actual. En particular, este proyecto de ley no aborda por completo problemas como la militarización policial y las redadas rápidas, prácticas policiales que se utilizan de manera desproporcionada contra personas de color en investigaciones de drogas. Si bien el proyecto de ley impone restricciones a los programas que facilitan la transferencia de equipo militar a los departamentos de policía locales, no pone fin por completo a dichos programas. Y aunque este proyecto de ley prohíbe las órdenes de arresto en casos de drogas, no prohíbe las redadas rápidas que pueden ser igual de mortales. Además, el proyecto de ley continúa financiando los departamentos de policía y la guerra contra las drogas, en lugar de transferir recursos a la educación, la vivienda, los servicios de reducción de daños y otras infraestructuras que fortalecen a las comunidades y aumentan la seguridad pública.
La seriedad de este momento exige una reforma real y, lamentablemente, el proyecto de ley de la Cámara está muy lejos de eso. Hacemos un llamado al Senado para que rectifique estas deficiencias trabajando junto con defensores y miembros de la comunidad para elaborar un proyecto de ley integral de reforma policial que responsabilizará a las fuerzas del orden público, protegerá a nuestras comunidades y garantizará la dignidad y el respeto por las vidas de los negros, latinos e indígenas”.