Los enfoques punitivos alimentan las crisis de sobredosis y crean drogas más potentes.
Durante más de un siglo, la política estadounidense sobre drogas ha priorizado el castigo. Estados Unidos ha exportado su enfoque y ha impuesto la prohibición como norma en el extranjero. Ha utilizado su influencia y financiación para presionar a otros países a adoptar respuestas que prioricen el castigo. Esto a menudo implica encarcelar a personas y cumplir con las medidas de reducción de la oferta para incautar drogas y detener su producción.
Este enfoque ha fracasado. A pesar del gasto récord para frenar el consumo, la producción y el tráfico de drogas, estas ahora son más accesibles, potentes y asequibles que nunca. Como resultado, Estados Unidos ha lidiado durante mucho tiempo con una crisis de sobredosis. En lugar de prevenir los daños, estas políticas han desviado recursos que se destinan a abordar las causas fundamentales y a invertir en servicios de salud que salvan vidas.
La prohibición ha alimentado el daño global y los abusos de los derechos humanos.
La prohibición de drogas impulsada por Estados Unidos ha contribuido a la pobreza, la violencia, las violaciones de derechos humanos y los malos resultados sanitarios en todo el mundo. Un claro ejemplo son las estrategias de erradicación de cultivos financiadas por Estados Unidos. en ColombiaEsta táctica no logró frenar la producción de cocaína. Por el contrario, fomentó la violencia y causó graves daños a la salud y al medio ambiente. Esto ha provocado un aumento en las tasas de cáncer, abortos espontáneos, contaminación del agua y el suelo, destrucción de cultivos alimentarios y desplazamientos masivos.
Las medidas represivas contra la producción y el tráfico de drogas suelen provocar respuestas violentas por parte de los cárteles, decididos a mantener el control. También incentivan el desarrollo de sustancias más potentes y peligrosas, más fáciles de ocultar y transportar. Es un círculo vicioso donde la aplicación de la ley conduce a más violencia y drogas más letales. Sin embargo, Estados Unidos sigue invirtiendo miles de millones en estas estrategias fallidas, a costa de la salud y la seguridad mundiales.
La salud y la justicia económica son el centro de la política exterior de drogas de Estados Unidos.
Para reducir las sobredosis y los daños relacionados con las drogas a nivel nacional, Estados Unidos debe reorientar su política global de drogas, pasando de la reducción de la oferta a abordar los factores que impulsan la demanda estadounidense. Esto incluye pasar del castigo a la salud e invertir en soluciones basadas en la evidencia, como la vivienda, el tratamiento y la prevención de sobredosis. Debemos abordar las condiciones sociales y económicas que impulsan el consumo de drogas en las zonas afectadas por la prohibición. Debemos explorar modelos de regulación legal que prioricen la salud y los derechos humanos.
La Drug Policy Alliance cree que Estados Unidos debería financiar programas de salud y comunitarios centrados en la atención, no en el castigo. Al poner fin al gasto innecesario en la fallida guerra mundial contra las drogas, podemos utilizar esos recursos para mejorar la salud y el bienestar de las personas en Estados Unidos y en todo el mundo.