Kenneth Glasgow al (334) 791-2433 o Ken Collins al (205) 240-6850
Birmingham: el sábado 2 de junio de 2007, el senador Jeff Session (R-Alabama) y el congresista Artur Davis (D-7th District, AL) se unen a la organización local The Ordinary People's Society (TOPS) y los grupos nacionales Drug Policy Alliance y ACLU. en una reunión del ayuntamiento sobre la reforma federal de sentencias. Las actuales políticas federales de sentencias relacionadas con el crack y la cocaína en polvo han demostrado ser ineficaces y discriminatorias. El Senador Sessions y el Representante Davis están trabajando con defensores estatales y nacionales para aprobar reformas bipartidistas. Este evento está abierto al público ya la prensa.
Sobre la disparidad crack/cocaína en polvo:
Actualmente, distribuir solo cinco gramos de crack conlleva una sentencia mínima de prisión federal de cinco años, mientras que distribuir 500 gramos de cocaína en polvo conlleva la misma sentencia. A pesar de las reiteradas recomendaciones de la Comisión de Sentencias de EE. UU., el Congreso no ha abordado esta disparidad de sentencias de 100:1, que ha devastado a las comunidades afroamericanas y socavado la fe en el sistema de justicia penal. Los afroamericanos constituyen la gran mayoría de los condenados por delitos de cocaína crack, aunque los blancos y los hispanos forman la mayoría de los consumidores de crack.
“Estas leyes resaltan las injustas disparidades raciales que dominan las políticas de drogas de nuestra nación”, dijo el reverendo Kenneth Glasgow, director ejecutivo de The Ordinary People's Society. “Lo que nuestras comunidades necesitan es tratamiento, no encarcelamiento. Me alegra ver que el senador Sessions y el representante Davis trabajan juntos para crear equidad, pero espero que no se olviden del tratamiento en el proceso”.
Un informe de la ACLU de 2006 no encontró justificación médica o legal para la injusta proporción de disparidad de sentencias, porque el crack y la cocaína son dos formas de la misma droga. Aunque la intención declarada del Congreso era atacar a los traficantes de cocaína de alto nivel, el resultado ha sido todo lo contrario: un informe de la USSC de 2002 encontró que solo el 15 por ciento de los traficantes federales de cocaína pueden clasificarse como de alto nivel, mientras que más del 70 por ciento de los acusados de crack tienen una participación de bajo nivel en la actividad relacionada con las drogas, como traficantes callejeros, mensajeros o vigías.