Gobernador sella acuerdo para tratamiento de drogas intestinales, alternativa comprobada al encarcelamiento traicionada

Presione soltar 27 de julio de 2009
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Margaret Dooley-Sammuli al 213-291-4190 o Tommy McDonald al

Sacramento — El gobernador Arnold Schwarzenegger aprobó hoy un presupuesto que diezmará el tratamiento de drogas. Los defensores del tratamiento advirtieron que los condados no podrán proporcionar tratamiento a todos los que son elegibles bajo la Proposición 36, una medida aprobada por los votantes que desvía a los infractores de posesión de drogas no violentos de bajo nivel a tratamiento. Los acusados elegibles tampoco pueden ser encarcelados, ya que la ley de sentencias sigue vigente.

“Este es verdaderamente el final de una era”, dijo Margaret Dooley-Sammuli, subdirectora estatal de Drug Policy Alliance en el sur de California. “Hoy, California le da la espalda al experimento más exitoso de la nación con tratamiento en lugar de encarcelamiento. Estamos entrando en una nueva fase, en la que la Prop. 36 continúa protegiendo a los delincuentes de drogas no violentos de bajo nivel del encarcelamiento pero, lamentablemente, hay poco acceso al tratamiento de drogas. Esto no tiene ningún sentido fiscal, especialmente cuando este estado continúa gastando $1 mil millones al año para encerrar a los delincuentes menores de drogas en una prisión estatal”.

Con una financiación anual de $120 millones en 2001-05, la Prop. 36 redujo los costos estatales en $2,50-4 por cada $1 gastado y desvió a 36 000 personas a tratamiento cada año (UCLA). En 2006, la Legislatura respondió a la trayectoria comprobada del programa aumentando la financiación a $145 millones. Desde su inicio, la Prop. 36 ha brindado tratamiento a más de 250,000 personas y ha ahorrado $2 mil millones netos. No obstante, el nuevo presupuesto podría hacer que la financiación se desplome a $18 millones, solo 8% del nivel de $230 millones por año que la investigación de UCLA consideró "adecuado". Si se aseguran los dólares federales, la financiación aún no superaría los $68 millones.

Los defensores instaron a los gobiernos locales y del condado a utilizar los recursos locales limitados de manera más innovadora al reducir la cantidad de personas que ingresan al sistema de justicia penal por posesión de drogas de bajo nivel y no violenta y al conservar esos recursos para los sistemas locales de prevención y tratamiento. Como un ejemplo de este enfoque, los partidarios señalaron el Programa Serial Inebriate (SIP) de San Diego, en el que los gobiernos del condado y de la ciudad, las agencias de aplicación de la ley y los sistemas de salud colaboran para brindar tratamiento a las personas alcohólicas crónicamente sin hogar que de otro modo continuarían absorbiendo vastos recursos de la sala de emergencias y la justicia penal.

“La aplicación de la ley local puede ser una puerta de entrada importante al sistema de salud pública”, agregó Dooley-Sammuli. "Seamos sinceros. No hay más espacio en la corte o la cárcel. Los gobiernos locales y del condado pueden ayudar a reducir la carga trabajando con las fuerzas del orden público y los sistemas de salud para desarrollar alternativas, dirigiendo a quienes lo necesitan a los servicios de prevención y tratamiento del condado y, en primer lugar, no enjuiciando la posesión de drogas de bajo nivel no violenta”.





A young woman holds a sign that says "End the Drug War."

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